El Gobierno Nacional ha confirmado que, ante la finalización del régimen de moratoria previsional, se suspenderá el otorgamiento de jubilaciones a aquellas personas que no cumplan con los 30 años de aportes efectivos requeridos por ley. Esta medida implica que ya no será posible "comprar" años de contribuciones faltantes para acceder al beneficio. La decisión impactará directamente en miles de ciudadanos que contaban con esa herramienta para poder retirarse, generando un nuevo escenario en el acceso a la jubilación ordinaria.
Se aclaran los derechos de los trabajadores frente a la "intimación a jubilarse" por parte de su empleador. Una empresa solo puede solicitar a un empleado que inicie sus trámites jubilatorios cuando este cumple con los requisitos legales de edad y años de servicio. A partir de esa notificación formal, el trabajador dispone de un plazo de hasta un año para gestionar su jubilación, período durante el cual su contrato de trabajo se mantiene vigente. El empleado no está obligado a retirarse si desea continuar trabajando, aunque el empleador puede proceder a la desvinculación abonando la indemnización correspondiente una vez cumplido dicho plazo.
El Senado de la Nación se prepara para debatir una nueva ley de movilidad jubilatoria que busca modificar la fórmula de actualización de haberes. La iniciativa propone establecer ajustes mensuales basados en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de que las jubilaciones y pensiones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. De aprobarse, este cambio reemplazaría el sistema de aumentos discrecionales y otorgaría mayor previsibilidad a los beneficiarios del sistema previsional.
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