Tras la aprobación legislativa en el Senado, el Gobierno Nacional ha oficializado el pago de un bono extraordinario de $110.000 destinado a jubilados y pensionados. Esta medida busca reforzar los ingresos del sector pasivo frente al actual contexto económico. La suma se acreditará junto con los haberes mensuales correspondientes, siguiendo el cronograma de pagos habitual de la ANSES, como un complemento directo a las prestaciones.
El Gobierno ha confirmado que los haberes previsionales tendrán nuevos aumentos durante los meses de agosto y septiembre. Estos ajustes se calcularán aplicando la nueva fórmula de movilidad, la cual toma en consideración principalmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El objetivo de este mecanismo es que las jubilaciones y pensiones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, asegurando una actualización periódica de los montos.
Un destacado economista ha advertido públicamente sobre las consecuencias de implementar subas en los haberes jubilatorios sin un financiamiento genuino que las respalde. Según su análisis, aunque la mejora de las prestaciones es necesaria, realizarla sin prever los recursos correspondientes pone en grave riesgo el superávit fiscal alcanzado por el país. Esta perspectiva subraya la tensión entre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la necesidad de recomponer los ingresos de los pasivos.
La nueva ley previsional, recientemente sancionada por el Senado, establece un nuevo marco para las jubilaciones y pensiones. La legislación no solo ratifica el pago de un bono de suma fija, sino que también introduce modificaciones en la fórmula de movilidad y fija un nuevo haber mínimo garantizado. El propósito de la norma es ofrecer una recomposición de los ingresos, especialmente para los beneficiarios de menores recursos, y sentar las bases para futuras actualizaciones.
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