En 2024, la inflación habría cerrado en torno al 118%, mientras que la jubilación mínima, incluido el bono, tuvo en el año un aumento del 105,1%. La PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) con bono se incrementó el 99%. Y las PNC (Pensiones No Contributivas), el 95,1%. Los únicos que superaron la suba de precios fueron los que cobran haberes sin bono, que tuvieron un incremento del 145,6%.
Para este 2025 que acaba de empezar se espera que también sea un año difícil para los futuros y para los ya jubilados.
Los haberes seguirán ajustándose por la inflación, lo que significa que mantendrán su valor, sin mejorar ni perder su actual poder de compra. Eso significa que se ubicarán en promedio un 40% por debajo del nivel que tenían 7 años atrás.
En el caso de las jubilaciones de haberes mínimos el deterioro será mayor porque el bono de hasta $ 70.000 seguirá congelado al valor de marzo 2024. En consecuencia, el ingreso total de los 5 millones de jubilados y pensionados que perciben el bono tendrá un aumento inferior a la inflación, volviendo a perder poder de compra, como pasó en 2024. Eso afecta, además del haber mínimo, a las Pensiones No Contributivas y a la PUAM.
La actual fórmula de movilidad significa que los haberes de la Seguridad Social se mantendrán constantes de “por vida”, sin ninguna mejora por el crecimiento de la economía y/o de los salarios, perpetuando la fuerte “poda” del gasto previsional de los últimos 7 años.
Fin de la moratoria previsional
Por otro lado, en marzo 2025 vence la moratoria previsional y el Gobierno no prevé prorrogarla.
Así, por la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no podrá acceder al beneficio previsional ordinario. Y en adelante solo podrán obtener la PUAM a los 65 años (tanto varones como mujeres) y cobrar el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y si demuestran encontrarse en situación de vulnerabilidad social.
En un año -entre agosto del 2023 y agosto 2024- aumentó en 260.349 el padrón o la cantidad de jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. De ese total, 230.390 (88,5%) corresponden a los que accedieron por moratoria y apenas 29.959 (11,5%) por el trámite general porque contaban con los 30 años de aportes. O sea, 9 de cada 10 nuevos jubilados accedieron por la moratoria.
De esta manera, para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes, contar solamente con la PUAM a partir de los 65 años representa un alargue de la edad jubilatoria (que es de 60 años), con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y si integran un hogar vulnerable.
Sentencias firmes demoradas
A su vez, la ANSeS aún no definió cómo se pagarán las sentencias firmes favorables a los jubilados (más de 90.000) que la ley prevé que deben abonarse dentro de los 120 días hábiles. En 2024, ANSeS resolvió abonar el ajuste de los haberes y dejar para una segunda el pago de la retroactividad, que no tiene fecha de cobro.
La partida para el pago de esas sentencias se fija en el Presupuesto Nacional. Pero el Gobierno prorrogó para 2025 el Presupuesto 2024 que, a su vez, era una prórroga del de 2023. En síntesis, se trata de una partida que está totalmente desactualizada.
El Presidente Javier Milei adelantó que en 2025 avanzará con un plan de "motosierra profunda" y que uno de los ejes del año que viene será la reforma previsional. Nada dijo sobre las características que tendrá.
Entre los que asesoran al Gobierno en esa reforma dicen que podría contener un aumento gradual de la edad jubilatoria (hoy es de 60 años las mujeres y 65 años los varones, aunque las trabajadoras y trabajadores del sector privado pueden optar por jubilarse a los 70 años).
También habría reformas en los regímenes de insalubridad y en los especiales o diferenciales, como jubilaciones docentes, no docentes, luz y fuerza, investigadores, judiciales. Se prevé que las nuevas jubilaciones y pensiones tengan las mismas condiciones que las de régimen general. Eso significa incrementos en la edad jubilatoria y menores montos de los haberes. Actualmente, el régimen de los docentes -el más numeroso entre los especiales- contempla que el jubilado mantenga el 82% del sueldo del cargo y el aporte es del 13%, en lugar del 11% del régimen general.
Se prevé también recortes en la pensión por viudez tanto para los activos como para los ya jubilados. Actualmente, la pensión por viudez es de “por vida” y es compatible con el cobro del salario o de la jubilación, lo que se denomina “doble beneficio”. Una alternativa sería establecer una limitación temporal para el cobro de esa pensión. Por ejemplo, una duración equivalente a la duración del matrimonio o unión convivencial o mantenerla solo para casos excepcionales.
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