El principal reto del sistema de pensiones español de aquí a 2050 es el impacto de la jubilación masiva de la generación del baby boom, que producirá un fuerte aumento del gasto y del déficit, con los que habrá que convivir progresivamente a lo largo de las décadas 30 y 40, un periodo durante el cual, el retiro de los alrededor de 13 millones de 'baby boomer' coincidirá con una esperanza de vida cada vez mayor y pensiones iniciales más elevadas.
El Gobierno asegura que las costuras del sistema son firmes y se podrán pagar las pensiones a todos, con suficiencia y sostenibilidad. En palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, las pensiones están "razonablemente aseguradas", si bien admite un problema de cálculo para las dos próximas décadas porque viene detrás una generación más estrecha. "Lo que estamos haciendo con la reforma de pensiones y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es reforzar el sistema de las décadas de los años 30 y 40", precisó hace unas semanas, remarcando que "a partir de 2050 vuelve a bajar la tensión y el gasto será manejable".
Sin embargo, las previsiones de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Europea o el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), plantean serios interrogantes sobre el futuro y reclaman reformas de mayor calado.
En este sentido, el Banco de España, en su Informe anual 2021, alerta de que los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirán de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos; aboga por reforzar el vínculo entre contribuciones realizadas y prestaciones recibidas; advierte de que la evolución del gasto es una seria amenaza de futuro para las cuentas públicas; y avisa de que hacen falta más reformas de envergadura.
Por su parte, la AIREF, en sus previsiones demográficas y de gasto en pensiones para 2050, apunta que el gasto aumentará al 14,2% del PIB (frente al 11% actual). Y calcula que elevar dos años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para la jubilación aportaría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB.
Mayor edad y recorte progresivo de la pensión
Para Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, "dado el elevado déficit contributivo que tiene el sistema de pensiones, un 2% del PIB, y el aumento de déficit que supondrá la llegada de la generación del baby-boom, el futuro de las pensiones no es nada halagüeño si no se hacen importantes reformas. Las que se aprobaron el año pasado van a empeorar la sostenibilidad y las que están pendientes, me temo que no van a mejorar tampoco la suficiencia financiera del sistema". Respecto al retiro de los baby-boomers, "nos obligará a jubilarnos más tarde, con una menor relación entre la pensión y el salario (lo que no implica que las pensiones sean menores que las actuales en términos absolutos, aunque sí en términos relativos). Lo que no sabemos es cómo se concretará la reducción de la pensión ni el alcance que puede tener".
Ante el problema de consolidación del gasto que supone revalorizar las pensiones en función del IPC, Devesa considera que, en situaciones de inflación normal, habría que revalorizarlas todas con el mismo porcentaje; si bien podría aplicarse una mayor subida a las mínimas. Pero en una situación de alta excepcionalidad podría tener sentido que las más altas subieran en menor porcentaje. No hay que olvidar que la revalorización va a suponer unos 14.000 millones en 2023, pero su consolidación mientras sigan cobrando la pensión aquellos a los que se les suba supone unos 200.000 millones en valor actual".
Tal como detalla Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas (@FUNCASES), de los aproximadamente 13 millones de baby boomers, los de más edad cumplirán 65 años en 2023; los más jóvenes lo harán en dos décadas. "Puesto que la política de pensiones en España consiste en introducir ajustes en las reglas de acceso y de cálculo de las pensiones cuando aumenta la presión financiera sobre el sistema, es muy probable que a medida que los baby boomers se vayan incorporando a la población jubilada, se adopten disposiciones que obliguen a retrasar la jubilación e impliquen reducción de la tasa de sustitución (la relación entre la primera pensión y el último salario)".
La experta de Funcas tiene claro que "no todos los baby boomers van a jubilarse bajo las mismas condiciones. Por ello, es razonable pensar que sus derechos de pensión variarán sustancialmente según el momento en el que se hayan jubilado, lo cual puede generar inequidades significativas".
En parecido sentido, el economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a) ve probable que "los primeros diez años de la cohorte de jubilados baby boomers entren en el sistema sin ningún tipo de recorte (de hacerse una reforma profunda del sistema habrá que esperar, al menos dos años, y otros 5-6 de implementación). Por tanto, no tendrán una merma significativa en la pensión de entrada. Sin embargo, los siguientes diez años sí es probable que entren con una tasa de sustitución más baja; y por tanto, que haya un recorte progresivo de la pensión de entrada en relación al último salario". Para Santacruz, el problema de fondo es haber optado por la subida lineal con arreglo a la inflación, y por tanto, "el problema no se circunscribe a que las pensiones altas suban lo mismo que las bajas".
Se compaginará pensión y trabajo a tiempo parcial
Tal como advierte el catedrático y subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), el sistema necesita reformas de calado para adecuarse a la realidad demográfica. "La edad de jubilación se va a ir posponiendo, pero la forma en que nos jubilaremos será distinta de hoy día, cuando una persona pasa de trabajar 40 horas a la semana a trabajar cero. En el futuro veremos salidas graduales compatibilizando la pensión con un salario por empleo a tiempo parcial".
A Conde Ruiz, la revalorización de las pensiones con el IPC, para no perder poder adquisitivo, le parece acertada, pero en situaciones excepcionales de inflación disparada como la actual (el IPC de septiembre es el 9%), "el sistema debería tener válvulas de escape, y al menos las pensiones más altas deberían entrar en un pacto de rentas y subir menos que la inflación. Y las más bajas, algo más que la inflación. Esto permitiría liberar recursos y paliar la delicada situación fiscal de España".
Por su parte, José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, estima "bastante probable que el aumento de la edad de jubilación no se pare en 2027 y que siga subiendo, quién sabe si a razón de uno o algo más meses por año. Y acabe ligada al aumento de la Esperanza de Vida de manera automática. Puede ocurrir también que las pensiones se actualicen con IPC - X. Pero esto es menos probable. O que, si desciende la inflación, también se ajusten a la baja. Todo depende de lo grave que sean la deuda y el déficit".
Para Herce, en tiempos de inflación elevada, sobre todo si es importada, "todas las pensiones deberían actualizarse con “IPC - X”, si bien advierte de que en un sistema contributivo, es un error diferenciar por niveles de pensión, en referencia a ciertas voces que en los últimos tiempos plantean un tratamiento distinto para las de mayor cuantía. "Hay que ocuparse de todos los que necesitan ayuda para llegar a fin de mes. Y hay que reforzar el carácter contributivo de las pensiones, racionalizar y hacer sostenible su explosiva fórmula de cálculo y pasar a los Presupuestos la solidaridad, tanto para pensionistas como para trabajadores que la necesiten", resalta.
La profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Eva Blázquez (@emblazq), da por seguro que "caminamos hacia un retraso de la jubilación, porque nos quedan más de 20 años por delante para que el sistema absorba a los baby boomers, y no existe suficiente mano de obra. Es muy probable que en 2027, incluso antes, el Gobierno de turno plantee demorar la jubilación".
Respecto al impacto presente y futuro de la fórmula de revalorización, Blázquez admite la dificultad de compaginar mantenimiento del poder adquisitivo, contributividad y sostenibilidad. Considera que "las pensiones mínimas es necesario subirlas, así como las no contributivas", pero las más elevadas y máximas, en tiempos de crisis, "se podrían ligar al aumento de los salarios, en vez de al IPC estricto".
Opciones: pacto de rentas y cuentas nocionales
El retiro masivo de la generación del baby boom plantea desafíos inéditos de gasto y tensión financiera en la Seguridad Social, ya de por sí tensionada.
Según explica el Foro de Expertos del Instituto Santalucía, las medidas adoptadas en 2021 de sustitución del índice de Revalorización de las Pensiones por el IPC y eliminación del Factor de Sostenibilidad, implican un mayor gasto estructural del sistema. "Si estas medidas no vienen acompañadas de un incremento de los ingresos o de una disminución del gasto por otras vías, puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema a largo plazo. De cara al futuro, el sistema debería evolucionar hacia un modelo de cuentas nocionales, que seguiría siendo de reparto, pero con mejoras relevantes. Un sistema de este tipo sería compatible con las pensiones mínimas que decida la sociedad, incluso con un poder adquisitivo creciente", recalca el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez (@yimy65).
Sobre el reto que la inflación disparada supone para la subida anual de las pensiones, Jiménez afirma: "Es urgente llegar a un pacto de rentas para que no surjan efectos de segunda ronda y atajar la inflación lo antes posible. Cuando se piden sacrificios a trabajadores públicos y privados, y a empresas, tiene todo el sentido que también se le pida a los pensionistas, sobre todo a las pensiones altas. Las pensiones no deberían subir por encima de la media de los salarios".
Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de la organización de consultores de pensiones OCOPEN (@OCOPEN_), pone el acento en que las reformas de pensiones emprendidas resultan "insuficientes y poco ambiciosas para abordar de forma estable los retos futuros, por lo que asistiremos, probablemente no dentro de mucho tiempo, a nuevos cambios". Y recuerda que la jubilación del baby boom va a estar caracterizada por el acceso a la jubilación de cohortes de población muy numerosas (colectivo de jubilados creciente), con una esperanza de vida cada vez mayor (más años de percepción de pensión) y pensiones iniciales cada vez más elevadas. "Todo ello confluye en la misma dirección: un fuerte incremento del gasto futuro en pensiones que debe ser financiado por cotizaciones de trabajadores en activo", afirma Jiménez, que también estima oportuno un pacto de rentas, al considerar que "todos debemos estar implicados en un esfuerzo común que se traslade a un pacto de rentas, sin perjuicio de proteger de manera especial a los más necesitados como pueden ser los perceptores de pensiones mínimas".
De cara al futuro, la decisión de España de que las pensiones se revaloricen con el IPC plantea enormes desafíos, avisa Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com. "El pacto de rentas es necesario hoy, para repartir la pobreza que sufrimos por el golpe de la inflación. Y será preciso siempre que la subida de las pensiones se tenga que pagar vía aumento de costes laborales. Porque en un mercado como el español, sin pleno empleo ni empresas de mucho valor añadido, el impacto del incremento de costes laborales significa: 1) que se reduce el salario neto del trabajador o 2) que las empresas no pueden pagar al trabajador el coste que se les ha incrementado, no contratan y generan paro", argumenta Monserrat.
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