El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un aumento del 8,4% para las jubilaciones mínimas administradas por la Caja de Jubilaciones provincial. Adicionalmente, confirmó la entrega de un bono extraordinario de $70.000 que se abonará en el mes de agosto. La medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los haberes de los jubilados y pensionados más vulnerables del sistema previsional cordobés.
El Gobierno Nacional ha definido dos pagos adicionales para jubilados y pensionados del sistema ANSES que se efectuarán en agosto. Por un lado, se liquidará un nuevo bono de refuerzo de $100.000 para quienes perciben la jubilación mínima. Por otro, se completará el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) para un grupo de beneficiarios que no lo percibió en su totalidad. Estas medidas buscan reforzar el poder de compra del sector pasivo.
El presidente Javier Milei prepara el veto a la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, la cual establecía una fórmula de actualización de haberes diferente a la impulsada por el Ejecutivo. La principal razón esgrimida por el gobierno es la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y evitar gastos sin financiamiento. La medida generó un fuerte debate político, ya que representa un choque de poderes en torno a la gestión de los fondos previsionales y la asistencia social.
En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi confirmó un incremento adicional del 2% para todas las jubilaciones y pensiones, que se efectivizará este año. Este ajuste complementario se suma al ya otorgado y tiene como finalidad compensar la diferencia entre la inflación proyectada a principios de año y la inflación real registrada. Con esta medida, el gobierno uruguayo busca garantizar que los haberes de los pasivos no pierdan poder adquisitivo.
Un caso en España ha encendido el debate sobre los derechos laborales en la antesala de la jubilación. Un trabajador con 40 años de antigüedad fue despedido por su empresa justo antes de poder acceder a su retiro. Mientras la compañía alega "razones organizativas", el afectado lo considera un acto de discriminación por edad ('edadismo') para eludir costos asociados a la jubilación. El hecho ha abierto una discusión sobre la protección legal de los trabajadores mayores en el tramo final de su vida laboral.
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