En el mejor de los casos la respuesta que dio la semana pasada el presidente Javier Milei acerca de que con la llegada de su administración “en dólares voló el poder adquisitivo de los jubilados" es una broma. Una mala broma como puede atestiguar cualquier jubilado, pero que grafica que -aunque más no sea por una cuestión egoísta- el tema le preocupa.
De todas formas, la boutade sirvió para poner sobre el tapete la cuestión sobre que está haciendo y que quiere hacer el Gobierno con este 12% de los argentinos, de los cuales más de la mitad (54%) perciben la jubilación mínima, y poco más de un cuarto (1,5 millones de personas) siguen trabajando, en su mayoría para poder subsistir (apenas 73.500 trabajan en ocupaciones formales, 250.000 son monotributistas y el resto lo hace en tareas no registradas).
Una -triste- anécdota; existen 1.332 jubilados de más de 90 años a los que se les continúa descontando todos los meses el 11% de su sueldo como aporte a la ANSES.
Además de los jubilados tenemos 1,7 millones de personas pensionadas, que reciben en su mayoría menos del 60% de la jubilación mínima, los que no forman parte de este comentario ya que el Presidente no se refirió a ellos (recuerde cuando lea lo que sigue, que la situación es entonces peor para ellas).
Milei no miente,… pero casi
Desde que en diciembre asumió la gente de La Libertad Avanza, la jubilación mínima creció 49% si la medimos en dólares libres, 74% la jubilación máxima y 84% la jubilación promedio. Incluso se le escapó al Presidente argumentar que la mínima está 16% arriba del promedio histórico 1983-2024. Entonces aquello de que “voló” en dólares, no deja de ser cierto.
Claro que Milei deja de lado que un dólar de hoy no es igual a un dólar de ayer. Si deflactamos la jubilación mínima por el CPI yanqui, la actual queda 11% debajo de la media histórica.
Pero el verdadero problema con estas comparaciones es que los argentinos gastamos en pesos y en pesos el panorama es sin dudas, otro.
Deflactando por el IPC la jubilación mínima de septiembre estaría en valores constantes 6% debajo de lo percibido en diciembre pasado, la máxima 10% arriba y el promedio se habría incrementado 16%.
Lo que vemos aquí es que el Gobierno ha decidido favorecer en primer lugar el aumento de las jubilaciones intermedias y en segundo el de las máximas, al costo de castigar a quienes perciben la mínima.
¿Por qué “castigar" a los jubilados pobres y premiar a los “ricos”? Cuando miramos hacia atrás, vemos que en marzo de 2023 la administración Alberto Fernández decidió “priorizar/favorecer” las jubilaciones mínimas a costa de las más elevadas. De 7 “mínimas” que promediaba desde 2017 la “máxima” redujo el diferencial a 5 (en diciembre pasado cayó a 4,3). Con las jubilaciones promedio, aunque menos evidente, el camino fue similar, de 1,6 veces la reducción fue a 1,1
Lo que vienen haciendo los decretos de Milei es de alguna manera reencausar las escalas jubilatorias a parámetros históricamente “más normales” al costo de, lamentablemente, castigar a quienes menos ganan.
A priori no podemos descartar en estos movimientos una cuestión electoralista por ambas partes. Mientras la administración anterior optó por favorecer su base de electores de “clase baja”, la actual está premiando a la “clase alta” y especialmente a la “media”.
En diciembre de 2005 Néstor Kirchner creó la “Jubilación de las amas de casa” a partir de los 50 años y con solo diez de aportes, lo que cargó al sistema estatal con casi medio millón de personas (en la inmensa mayoría mujeres de edad intermedia) y en febrero de 2007 puso fin al sistema de “libre opción” (ahorro privado o sistema de reparto -en octubre de 2008 Cristina Fernández decidió nacionalizar los fondos de la AFJPs-) lo que significó que el estado debiera solventar 1,5 millones de jubilados más.
Con esto el kirchnerismo tuvo una inyección inicial de fondos que le permitió ampliar su base de votantes, pero el costo fue la insolvencia del sistema jubilatorio.
La frazada es corta
Dejemos de lado que sea moralmente reprochable no devolver un retiro “digno” a quienes “aportaron” al Estado más que lo necesario para ello, esto es los monotributistas y el 45% de los jubilados y pensionados que no recurrió a ninguna moratoria.
La reducción en el gasto de las jubilaciones está entre los más acotados por la nueva a Administración
El Gobierno está comprometido en un plan de reducción del gasto público que también afecta a las jubilaciones y pensiones y si miramos los números podemos ver que a pesar de ser el ítem de mayor incidencia en el presupuesto, es uno de los que sufrieron el menor “castigo”. De hecho, como participación de los gastos corrientes, lo que se obla por jubilaciones y pensiones está en línea con el promedio histórico de los últimos siete años.
Mas allá que los libertarios no tengan ningún incentivo para favorecer a quienes votan por la oposición (en la última elección cerca del 60% de los jubilados y pensionados -mayoritariamente con “la mínima”- optó por Sergio Massa), cuesta entonces armar el caso que Javier Milei tiene una cuestión ideológica en contra de “los viejos”.
Puede armarse el caso que Milei no ha reducido intencionalmente el gasto en jubilaciones
Pareciera entonces que al no contar con fondos para favorecer “su electorado natural” lo que viene haciendo el Ejecutivo es “correr la frazada”, que es corta, aceptando la idea que con ello, a lo que podemos agregar el Veto al aumento de las jubilaciones y pensiones del Congreso, los jubilados de la mínima se le pongan en contra.
“Los jubilados (no) aguantan”
Si lo comparamos lo que se le pagó a los de la escala inferior en el último mes, con los sueldos promedios (RIPTE), vemos que estuvo 4% arriba de la norma desde 1994, y si deflactamos por el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC (y en su momento del Congreso) esta apenas 15% debajo de la norma histórica.
Esto da idea que “no se los esta matando de hambre”, al menos no mucho mas que en el pasado, que “aguantan” y que habrá tiempo de actualizar los desembolsos cuando estemos más cerca de los tiempos electorales.
Para esto el Ejecutivo busca mantener su poder discrecional sobre las jubilaciones, lo que explica la furia para que no se apruebe una ley que, a pesar de que en los números poco cambia la cosa, le quita esta potestad.
El problema es que el IPC está lejos de reflejar la realidad del día a día de los argentinos y mucho menos la de un jubilado que percibe la mínima. Esto lo reconoció días atrás Marco Lavagna quien anunció que en un par de meses dará a conocer las modificaciones del algoritmo para el calculo del costo de vida.
Sin menospreciar el esfuerzo y el trabajo, que seguramente recoja muchos de los cambios en las costumbres de consumo (incrementando el peso de lo tecnológico), difícilmente alcance a recoger el nuevo incremento del peso de los servicios en la canasta de consumo, que se supone debiera ser algo pasajero hasta que mejoren los ingresos.
En diciembre pasado, un jubilado promedio debía destinar el 17% de lo que percibía a los gastos de electricidad, gas y agua. El mes pasado fue el 37% (para los de la mínima el 49%). Todavía no tenemos los números, pero este mes, la situación solo promete empeorar con el incremento que estamos viendo en las tarifas de la electricidad.
El punto no es entonces que los jubilados ganan menos o más que antes, sino que ahora tienen mucho menos dinero disponible -al punto que no les queda nada- para sus otros gastos: salud, alimentación, transporte vivienda y esparcimiento, por lo que su situación es objetivamente mucho peor que en el pasado.
Como dijo el presidente, en estos meses “el poder adquisitivo de los jubilados” “voló”, pero no hacia el cielo como quiso dar a entender, sino que “voló por los aires”.
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