El Gobierno de Javier Milei continúa con la auditoría sobre las pensiones que se otorgan en todo el país por discapacidad laboral, y este martes dio a conocer los resultados "alarmantes" de una nueva revisión sobre este beneficio, esta vez, en Chaco.
Esto se da en el marco de un proceso de control iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a mitad de año en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, a raíz de las irregularidades encontradas al inicio de la gestión en los procesos de entrega de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC IL).
En los últimos días se realizó una serie de nuevos operativos en las localidades chaqueñas de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli.
Se notificó y citó a un total de 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria. De los auditados, revelan que "únicamente 365 (el equivalente al 13.58%) han resultado favorables; es decir que han cumplido con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio".
Otros 1.796 (66.79%) no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el beneficio, por lo que se les dará la baja; mientras que 345 beneficiarios (un 12.83%) que no se presentaron a la auditoría. Además, 183 casos (un 6.81%) se encuentran actualmente en revisión en fiscalización médica.
Este martes por la mañana, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó: "7 de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían los requisitos o era fraudulentas".
Señalaron casos puntuales de abuso de este beneficio
"Beneficiaria con Amputación Falsa". Así tituló el Gobierno el caso de una mujer que se presentó para auditar su pensión. "Se le había otorgado por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la señora contaba con ambos brazos intactos", se lee en el comunicado.
En el caso de los "Diagnósticos confusos", las autoridades que auditaron se encontraron con "muchos beneficiarios que ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación (CMO) registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos".
También marcan el caso de una pensión por "Cáncer de Mama inexistente". Detallan que una mujer recibió esa pensión, "a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haberse realizado nunca una mamografía".
Otro de los ejemplos aportados por el Gobierno fue el de una "pensión por Pie Plano". Se trata, cuentan, de una nena que "fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones".
A la vez, señalan que durante el operativo hubo una "confesión de fraude". Una mujer admitió que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
Las auditorías
El control sobre las pensiones por invalidez será sobre el 100% del padrón de beneficiarios.
Se comenzó por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde en septiembre, en las primeras 10.900 pensiones relevadas entre más de 330.000 otorgadas en ambos distritos, se detectó que la mayoría de los destinatarios no vive donde había declarado y menos de la mitad cumple con los requisitos para acceder a la pensión que el Estado otorga por algún grado de discapacidad para trabajar.
Ya controlado el beneficio en Chaco, la próxima etapa de auditoría incluirá a Jujuy y Salta, donde residen unos 175.000 beneficiarios de pensiones por discapacidad laboral.
Con Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta son las jurisdicciones donde más irregularidades se detectaron en una muestra preliminar de 2.559 casos tras el cambio de gestión al frente de la agencia.
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