El laberinto legal de 5.000 docentes jubilados que ganaron un juicio y aún no cobran el 82% móvil

Hace casi dos décadas, jubilados docentes de Mendoza iniciaron una demanda para cobrar el 82% de lo que perciben los trabajadores activos en su mismo cargo. Algunos murieron sin conseguirlo, otros lo lograron y muchos siguen enredados en una maraña administrativa

Son las diez de la mañana y en la Asociación y Mutual Educadores Provinciales Jubilados no hay mucha gente. Un televisor está encendido, en silencio. En una mesa, Lilian Pesalaccia y Susana Labbé de Bresca, exdocentes y representantes de la entidad, abordan un tema que les duele.

"Cuando nosotras nos jubilamos, el artículo 22 del estatuto docente decía que percibiríamos el 82% móvil con respecto a un trabajador activo en la misma función que estábamos dejando. No se ha cumplido. Por eso luchamos y las dos hemos ganado juicios, pero todavía no cobramos. De hecho, mucha gente ya murió esperando cobrar", reconoce Pesalaccia, que es presidenta de la organización.

El tema es complejo. Es una historia de personas con cierta edad y de estructuras que a veces las superan. En ANSES dirán que por su parte cumplieron con toda la normativa. En la Justicia contestarán que ya actuaron, igual que en la provincia. Sin embargo, las docentes no entienden bien por qué pasa tanto tiempo sin que les paguen.

(Quien quiera ir directamente a los aspectos administrativos y los requisitos para hacer reclamos, puede hacer click aquí). La otra opción es conocer más sobre esta larga lucha donde cada cual encuentra sus razones.


Una lucha larga

Lilian y Susana recapitulan: "la gran pérdida nuestra fue cuando la caja previsional que tenían los docentes mendocinos pasó a la Nación en 1996. Ahí empezaron los problemas".

Las dos mujeres se refieren al proceso que se consolidó durante el gobierno de Carlos Menem, cuando tras la firma del "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento” -en agosto de 1993- se formalizó el “compromiso de la Nación de aceptar la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales al Sistema Nacional de Previsión Social”.

Entre 1994 y 1996 fueron transferidas a la Nación las cajas previsionales de once provincias, entre ellas la de Mendoza

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Así, entre 1994 y 1996 fueron transferidas a la Nación las cajas previsionales de once provincias, entre ellas la de Mendoza. Y en esa volteada cayeron también los docentes jubilados, cuyos haberes pasaron de la administración local a la nacional.

Las educadoras repasan sus batallas. Dicen que desde los ochenta se la veían venir y que ya por entonces hubo protestas para que no se hiciera el traspaso de las cajas. De todos modos, hecho el cambio, la presión no se manifestó en toda su magnitud hasta la caída de la Convertibilidad.

Es que llegó la devaluación de 2002 y 2003 y, más tarde, la vuelta de la inflación y la reapertura de paritarias.

Lilian remarca: "Nosotros pensamos que nos iban a aumentar las jubilaciones en función de lo que ganara un trabajador en activo en nuestro mismo puesto, con la misma zona y la misma antigüedad, como decía la ley por la que nos habíamos jubilado. Nunca pasó, e iniciamos el reclamo".

Ese "reclamo" se convirtió en una secuencia casi kafkiana de causas judiciales que incluye a la Justicia provincial, a la federal, a la Suprema Corte de la provincia, a la Corte Suprema de la Nación y a miles de jubilados que se sienten en un limbo.


El reclamo por las jubilaciones docentes

Siguiente escena: cuando en 2005 la Asociación y Mutual Educadores Provinciales Jubilados -en sintonía con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE)- decidió tomar medidas judiciales por este asunto, se pensaba que iba a inscribirse poca gente para participar de la demanda.

Se presentaron más de 5.000 docentes jubilados. Exigían el famoso 82%, argumentando que es lo que se les debía pagar a los educadores de acuerdo al Estatuto Docente de la provincia aprobado en la Legislatura en 1984.

Pesalaccia: "Vino muchísima gente a nuestra sede y a las 16 delegaciones que tenemos en la provincia. Los interesados se incorporaron en un reclamo colectivo y firmaron un poder para darle representación a los letrados".

Era sólo el principio.


El bosque jurídico

Uno de los abogados de los docentes fue Héctor Santander. Cuenta que desde el vamos se fue formando un berenjenal jurídico en el que, para agilizar los trámites, iban incorporándose los afectados en expedientes donde se los dividió en grupos de 20, sobre un total de unos 5.500.

"Por aquel tiempo -2004/2005-, el Estado provincial convocó a los sindicatos del sector público a paritarias. El SUTE firmó un convenio salarial, se les aumentó a los educadores activos, pero ese aumento de Mendoza no se les aplicó a los jubilados que eran parte de la demanda", rememora Santander. El 82% se veía más y más lejos.

Después de un reclamo administrativo a la provincia, intervenciones de la Suprema Corte local y de la Corte Suprema de la Nación, la causa recaló en la Justicia Federal.

"Y accionamos contra la provincia y contra la Nación en la persona jurídica de ANSES, porque para nosotros eran responsables solidarias de lo que les estaba ocurriendo a nuestros representados", señala Santander.

Tras otro pinball de incidentes que se obviará aquí, el expediente terminó en el Juzgado Federal Número 1, donde acababa de asumir en funciones el juez Walter Bento.

"Corría el 2007 y tanto Mendoza como ANSES opusieron todas las excepciones posibles para que no se avanzara", jura Santander.

En 2014 empezaron a salir las sentencias a favor de los docentes jubilados

Las sentencias de primera instancia comenzaron a salir a partir de abril/mayo de 2014, todas favorables a los docentes jubilados. Santander: "fueron apeladas en un 98% por parte de la provincia y ANSES, sólo que ANSES siguió adelante con esas apelaciones hasta el día de hoy".

Esas protestas de ANSES fueron desestimadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Entre tanto, los jubilados docentes que habían iniciado el pedido cobraban pero de forma dispar, sin que se cumpliera con el 82% que exigían.

Santander considera que, una vez ganados los juicios, sólo quedaba pagar los retroactivos y actualizar los haberes.

Luego matiza: "Al principio en ANSES nos recibieron algunos oficios para que se concretara la reparación, pero cuando vieron que eran muchos empezaron a poner objeciones. Para colmo vino la pandemia. Llegado un punto, fui con una escribana para que certificara todos los oficios que no me recibían; casos de docentes que pedían tener sus haberes de acuerdo a la sentencia y que no eran atendidos".

En cuanto al monto de las actualizaciones, los involucrados coinciden en que es diverso. Para algunos exdocentes no hay saldo a favor, porque se han modificado sus haberes de acuerdo a otros índices y no están tan "atrás" respecto a lo que pidieron en los juicios. Para otros, hay millones de pesos por cobrar.

"Es gente muy grande, muy sensible a estos temas, y yo siempre trato de no generar falsas expectativas. Pero no pueden quedarse esperando porque así es probable que no reciban nada", cierra Santander.

De vuelta a la sede de los docentes jubilados, Susana Labbé aporta: "Con los dedos de esta mano yo le podría decir cuántas personas son las que nos dijeron que han podido cobrar. Parece que hay que hacer trámites para poder acceder a la actualización, pero yo sé que los primeros que consiguieron el cambio -porque hubo algunos que lo lograron- lo hicieron directamente mediante ANSES, sin abogados ni trámites extra".


La respuesta de ANSES en Mendoza

¿Qué responde ANSES? Es una pregunta amplia, porque se trata de un organigrama gigantesco. Carlos Gallo, jefe regional de Cuyo, atiende a Diario UNO en otra mañana de noviembre.

Hace sólo dos años y medio que Gallo está a cargo de las 27 oficinas de su área: reconoce que ha debido ponerse al día con un tema lleno de vericuetos que tiene casi dos décadas de idas y vueltas.

"Las cifras exactas de personas que han cobrado estos juicios no están disponibles en las oficinas de ANSES Mendoza, porque la Dirección General Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales tiene base en Buenos Aires y depende de Legal y Técnica, un sector que no es el nuestro. Nosotros estamos dentro de la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones", detalla.


Distintas interpretaciones del 82% móvil

Gallo insiste en que ha hecho todo lo que está a su alcance para atender al reclamo de estos jubilados. Y puntualiza que el juicio que hicieron los exdocentes los colocó en una situación extraña ante el sistema previsional.

"Al ganar el juicio, estas personas se 'desengancharon' del decreto 137 del 2005, que firmó el presidente Néstor Kirchner y que a través de la ley 24.241 establece, entre otras cosas, cuáles son los criterios de actualización para los docentes que cobran sus haberes por ANSES", recuerda el funcionario.

Dicho decreto estipula que los docentes jubilados de la Argentina cobran el 82% móvil, pero ese cálculo no se hace en relación al salario de una persona activa en la misma función, sino teniendo en cuenta la Remuneración Imponible Promedio Docente (RIPDOC), que se centra en índices como la Paritaria Nacional Docente, el promedio de aumentos que se dieron en el país, etc.

O sea que ese 82% móvil no es el mismo que reclama el grupo de jubilados mendocinos que hizo juicio en Tribunales Federales.

"Es más -continúa el entrevistado-: debido a que en años recientes hubo paritarias a la baja en Mendoza, los docentes pasivos han tenido aumentos por encima de los activos, por esto de que se calculan sus incrementos en base a la evolución nacional de los salarios. Pensá que en 2020 los docentes mendocinos en activo no tuvieron incrementos salariales. Si para percibir tus haberes te guiás únicamente por los incrementos que ellos recibieron, no salís beneficiado".

En cuanto a las personas que accionaron judicialmente y quedaron fuera del decreto 137, hoy se hallan en una circunstancia compleja. "Ganaron un juicio, sí. Pero necesitan que se arme un expediente dentro de ANSES para que se vehiculice el pago del retroactivo y la actualización, si corresponde".


Las normas y las excepciones

En ANSES comentan que han encontrado al menos un caso en el que el jubilado consiguió ganar el juicio por el 82% pero nunca completó los trámites para que le actualizaran los haberes.

Un asesor se explaya: "El otro día, en Rivadavia, nos encontramos con una mujer que estaba cobrando 15.000 pesos de jubilación. Justamente porque había ganado el juicio, estaba fuera del decreto 137 desde hacía 5 años y no había recibido incrementos por no haber hecho los trámites de actualización".

"Los procedimientos de ANSES no son fáciles de modificar y tienen sus motivos" (Gallo)

"Yo sé que suena complejo, y lo es -admite Gallo-. Pero hay que considerar que ANSES es un organismo hiperlegislado. Las normas administrativas tienen como objetivo evitar el clientelismo y las 'excepciones'; y los procedimientos ya establecidos no son fáciles de modificar".

Como si eso fuera poco, la entidad usa un presupuesto limitado para atender a las demandas judiciales. Una vez que se agota ese dinero fijado anualmente, las causas pendientes pasan a la próxima temporada. Ese es otro de los factores que influye en las demoras.

Y en el medio hay quienes se mueren y quienes todavía sueñan con cobrar algo más de plata antes del ocaso. Hay gestores que hacen lo que pueden, decisiones políticas y lamentos. Porque -como se anotó más arriba- esta es una historia de personas y de estructuras que muchas veces las superan. Lo que no significa que no existan responsabilidades.


Qué necesitan presentar los jubilados que quieren cobrar el 82% móvil

Según precisaron desde ANSES, aquellos jubilados que hayan ganado juicios y quieran acceder a la actualización de sus haberes tienen que presentar tres documentos ante ese organismo.

Pueden hacerlo sin abogado, pero está claro que el proceso será mucho más ágil si cuentan con asistencia profesional. Los papeles a conseguir son los siguientes:

  1. El expediente original mediante el cual le otorgaron en su momento la jubilación a la persona. Se trata de docentes que no fueron jubilados por ANSES, sino por la provincia; por eso muchos expedientes están en los archivos de la exbodega Giol, o se los puede requerir a través de la Oficina Técnica Previsional (OTP). Es una senda tortuosa, aunque hubo quien la transitó y cobró. Una vez entregado el material a ANSES, se procede a su digitalización.
  2. El juzgado federal debe emitir un oficio donde conste que la persona que reclama es beneficiaria del cambio de régimen que derivó del juicio que se le ganó a la provincia y ANSES.
  3. Por último, los interesados deberán presentar todos los años una certificación que emite de Dirección General de Escuelas (DGE). Ese documento especifica cuál es el salario de un trabajador activo en la misma posición que ocupaba el jubilado al momento de retirarse, de forma que desde esa cifra se compute el 82% correspondiente a los haberes. En caso de que se solicite un pago retroactivo al Estado, también se le deberá pedir a la DGE un cálculo en ese sentido.

Por último, es preciso que ANSES reciba todo ese material y lo ingrese en sus sistemas, armando un expediente administrativo que pasará "a formar fila" al área de sentencias judiciales. El orden en que se tramitan esos casos pendientes -explican desde la Nación- obedece a diversos factores, como la edad del reclamante, el monto adeudado y los fondos disponibles.

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