La resolución de la Anses que intima a los funcionarios judiciales que tienen aprobada su jubilación a presentar sus renuncias -y les advierte que de lo contrario, sus trámites podrán ser revisados- alcanza a 222 personas: 182 jueces, desde la Corte hasta juzgados de primera instancia, 20 fiscales, incluido el procurador interino,Eduardo Casal; diez defensores y diez funcionarios de menor rango (secretarios y subsecretarios).
La nómina incluye a jueces y fiscales que fueron muy cuestionados por el kirchnerismo, inclusive algunos a quienes busca remover, como Casal, el camarista federal Martín Irurzun y el camarista de Casación Eduardo Riggi. En el Gobierno sostienen que no hay una intencionalidad política detrás de esta reglamentación y que solo busca que quienes iniciaron los trámites jubilatorios definan si quieren irse o no. Un funcionario kirchnerista que trabaja en temas judiciales lo definió, no obstante, como "una invitación a la depuración etaria".
En la lista de quienes tienen concedida la jubilación que circula por despachos oficiales están la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton, y cinco camaristas de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal: Riggi (denunciado ante el Consejo de la Magistratura la semana pasada por el abogado de Cristina Kirchner), Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques (exministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal), Ángela Ledesma y Liliana Catucci.
De los 182 jueces, 64 son de primera instancia y 118 son camaristas. De los fiscales, además de Casal, figura el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello. No están en la lista, aunque también iniciaron sus trámites jubilatorios, Carlos Stornelli, a quien el kirchenrismo le pidió el juicio político, y el fiscal ante la Casación Raúl Pleé, también resistido por el oficialismo.
De la Cámara Federal, además de Irurzun, aparece en la nómina Leopoldo Bruglia, que deberá decidir si presenta su renuncia o si se queda hasta que culmine el concurso abierto para cubrir su cargo, tras el fallo de la Corte Suprema que le puso plazo al traslado por el que llegó a la Cámara.
De los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py, después de las últimas renovaciones del fuero, solo la jueza federal María Servini, la única con competencia electoral, aparece en la lista.
Todos ellos deberían, según la resolución de la Anses, decidir si van a renunciar dentro de los próximos 30 días. Si no lo hacen, sus trámites jubilatorios serán analizados nuevamente por la Anses. "De no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241", dice la resolución.
La norma sostiene que después de esa revisión, si no surgieran "observaciones", se "procederá al archivo" de las actuaciones. En cambio, si "se detectaren desvíos", se adoptarán "las acciones de rigor" y "eventualmente" se hará uso de "la facultad prevista en el artículo 15 de la Ley Nº 24.241".
Ese artículo establece la posibilidad de anular las jubilaciones concedidas "en sede administrativa, mediante resolución fundada", sin necesidad de un proceso judicial. Jueces alcanzados por la nueva disposición adelantaron a LA NACION que, si la Anses hace uso de este artículo para retrotraer jubilaciones ya aprobadas, los magistrados recurrirán a la Justicia.
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