Se aprobó en diputados la primera ley importante del nuevo Gobierno, que hoy será ratificada por el Senado. Habrá facultades excepcionales para que el presidente tome medidas sin necesidad de pasar por el Congreso. Se suspende la movilidad jubilatoria. Los intereses de los bancos, las mineras o las petroleras quedan favorecidos. Las dietas abultadas de diputados, senadores, jueces o ministros quedan intactas. Un plan articulado alrededor de la disciplina fiscal para negociar la deuda con el FMI y los acreedores privados.
La izquierda tenía razón. Cumplir con los pagos de la deuda pública a los especuladores y dar respuesta a las necesidades de las grandes mayorías sería incompatible, más allá de todas las promesas de campaña.
En solo diez días, el nuevo Gobierno de Alberto Fernández empezó a dar las primeras muestras de que esa contradicción efectivamente va a ser así.
La “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que este viernes votó la Cámara de Diputados presidida por Sergio Massa (con votos del Frente de Todos pero también de los bloques referenciados en Roberto Lavagna, Juan Schiaretti y bancadas provinciales), y que ahora pasa al Senado, estableció como objetivo prioritario “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”.Esos lineamientos también los había adelantado el ministro de Economía Martín Guzmán en un programa del canal TN: "Si esta ley no estuviese sería muy difícil para el país poder tener las condiciones que necesita para poder empezar esas conversaciones", en referencia a la negociación con el FMI.
En esa misma emisión televisiva, Guzmán habló de “programa macroeconómico consistente” y del “compromiso para equilibrar las cuentas”, eufemismos para decir que se continuará un camino de disciplina fiscal para poder demostrarle a los acreedores que la deuda podrá renegociarse y estirar sus plazos, pero que se les seguirá pagando sin siquiera auditarla para investigar las irregularidades con las que se contrajo.
En el mismo sentido se había pronunciado el presidente Alberto Fernández en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, cuando afirmó ante hombres de negocios como Héctor Magnetto de Clarín o Paolo Rocca de Techint que con el FMI estaban en una “misma lógica de trabajo”.
Como no podía ser de otra manera, la contracara de esos compromisos son medidas de ajuste, cuyas primeras víctimas son millones de jubilados a quienes se les suspendió la movilidad jubilatoria justo en el momento en el que la fórmula más los iba a beneficiar: debían tener un aumento del 29 % durante el primer semestre de 2020, lo cual quedó suspendido. Ahora su futuro de los próximos meses será decidido por decreto por el presidente.
Los diputados que votaron la media sanción a la ley y cobran mas de $180.000 decidieron que apenas habrá un bono de $ 5000 por dos meses para los jubilados que cobran la mínima, mientras que otros 2,3 millones de adultos mayores no solo no tendrán bono sino ni siquiera garantías sobre cuánto van a cobrar en marzo. El 70 % de los jubilados seguirá cobrando por debajo de la canasta básica para adultos mayores, valuada hoy en $ 38.000.
Mientras tanto, aun no hay confirmaciones del bono para los asalariados, ni cuánto se cobrará, ni quiénes, ni cómo, ni cuándo. ¿Alcanzará para compensar lo perdido y llegar a la canasta basica familiar? Todo parece indicar que no.
Una cosa sí es segura: durante la campaña, Alberto Fernández habia prometido que el 10 de diciembre aumentarian un 20% los salarios y las jubilaciones. Claramente, eso no sucedió.
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