"Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". En los tribunales argentinos, abarrotados de expedientes y formalismos que conducen a la inmensa mayoría de las causas penales a fallos extemporáneos, la prescripción o el archivo, la célebre frase del fiolósofo latino Lucio Séneca se sigue confirmando más de 2.000 años después día tras día.
Por eso el primer juicio unipersonal que se realizó el jueves último en Salta, con las reglas del nuevo Código Procesal Penal Federal, marcó un precedente que jueces, fiscales y defensores oficiales no dudaron en calificar de histórico.
Y no es para menos, ya que un caso de esos que insumen años de instrucción, mares de tinta y toneladas de papel sin llegar a un veredicto en 21 de las 23 provincias argentinas, se tramitó completamente en 60 días.
Al frente del primer juicio con debate oral enmarcado en la reforma que tiene a Salta y Jujuy como puntas de lanza desde el pasado 10 de junio, estuvo Marta Liliana Snopek, jueza del Tribunal Oral Federal N§ 1 de Salta. Por el Ministerio Público Fiscal intervino Eduardo Villalba y en representación del Ministerio Público de la Defensa actuaron Martín Bomba Royo y Agustín Mogaburu.
Los dos acusados, por el delito de encubrimiento de contrabando, resultaron absueltos.
El caso se abrió tras un procedimiento que llevaron adelante gendarmes el pasado 19 de julio. Según registros de la Oficina Judicial Penal Federal de Salta, órgano coordinador que dirige Joaquín Ruiz de los Llanos y que tiene competencia territorial extendida también a Jujuy, la primera audiencia (de formalización de la investigación) se llevó a cabo el 31 de julio. La segunda (de control de la acusación) fue presidida por un juez de revisión el 2 de septiembre. Solo un día después se dispuso la elevación a juicio.
Tras recibir el caso el miércoles 11, el Tribunal Oral Federal N§ 1 concretó el juicio unipersonal en cinco días hábiles. El proceso penal completo insumió dos meses exactos.
Reforma histórica
La jueza Snopek afirmó que la Justicia Federal está ante una bisagra histórica en Salta y Jujuy, porque la reforma plantea "un cambio de paradigma" en su avance hacia un sistema acusatorio en el que la oralidad, la inmediatez, la contradicción y la publicidad guían el proceso penal.
Para la magistrada que presidió el primer juicio unipersonal con las nuevas reglas procesales, el sistema acusatorio perfecciona "la garantía del juez imparcial, porque es un proceso totalmente adversarial" que asegura la división de roles entre jueces y fiscales.
Snopek consideró que la reforma, con respuestas mucho más ágiles y eficaces, también pondrá al proceso penal más a tono con los tratados internacionales que tienen rango constitucional.
"A nosotros nos gusta mucho este sistema, porque estamos acostumbrados a la oralidad", recalcó la camarista. Con el sistema anterior solo los juicios eran orales: ahora todo el proceso es oral y mucho más ágil, porque se lo despojó de los expedientes escritos y desmedido formalismo.
Snopek expresó su aspiración de ver plasmada la conformación de un colegio de jueces con competencia exclusivamente penal para optimizar los alcances de la reforma con una mejor interacción de los jueces de garantía, de revisión, de juicio y de ejecución.
Procesos más ágiles
El fiscal Villalba resaltó que en juicios como el que realizó el jueves último, por primera vez en Argentina, se verá una de las facetas más novedosas del Código Procesal Penal Federal sancionado en diciembre de 2018 y promulgado en marzo último. "No existe un expediente que esté en conocimiento del juez, por lo que todas las pruebas reunidas por la Fiscalía deben ser producidas en la audiencia. Lo que no existe en la audiencia, no existe en el mundo", graficó, tras aclarar que con el sistema acusatorio el fiscal que inicia la investigación es el que llega a juicio. De esta forma se busca pasar de una justicia lenta y engorrosa a otra con respuestas más rápidas.
Por el momento, en la mayoría de las provincias siguen interviniendo en distintas etapas del proceso penal fiscales de instrucción, de Cámara, de juicio, de casación y de Corte. "El Ministerio Público, dividido en estamentos, con una organización refleja del Poder Judicial, perdió siempre con las organizaciones criminales. Ahora en Salta y Jujuy tiende a resumirse en una mejor y más inteligente estrategia de persecución del delito", puntualizó Villalba.
El fiscal federal afirmó que el proceso, además de garantizar la imparcialidad del juez, tiene con el nuevo sistema acusatorio una salida en tiempos reales, "porque se superan los formalismos del expediente escrito y todo lo actuado es oral. Se visibiliza al ser humano se abandona el secretismo y todo es público", recalcó.
A través de la resolución 127, del pasado 7 de junio, la Procuración General de la Nación asignó a Villalba la función de fiscal coordinador provisional del distrito Salta, con competencia extendida a la provincia de Jujuy.
Entre sus funciones y deberes están los de coordinar y organizar las nuevas unidades fiscales en toda la jurisdicción.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación también le encomendó a Villalba la conformación de equipos temporales para investigaciones genéricas o complejas, y la coordinación de las unidades fiscales y sus sedes descentralizadas.
Defensa pública
“Nuestra opinión general sobre el nuevo sistema es totalmente positiva, porque acorta muchísimo los tiempos en el trámite de los procesos y eso beneficia, sin dudas, a nuestros asistidos”, expresó el defensor oficial Martín Bomba Royo.
“Hay algunos desajustes y mecanismos que aceitar, pero esto es lo normal, porque la implementación del sistema tiene sus complejidades”, explicó.
Agustín Mogaburu, defensor oficial coadyuvante, resaltó la importancia de la reforma procesal con una secuencia de actuaciones. “En una audiencia, un juez le dictó la prisión preventiva a una persona. El doctor Bomba impugnó la decisión y a las dos horas la jueza de revisión resolvió el recurso y le hizo lugar. Esto, antes habría demorado seis meses. Y se trata nada menos que de la libertad de una persona”, recalcó.
Hugo Mezzena, secretario del Tribunal Oral Federal (TOF), afirmó que “los principios que rigen al sistema acusatorio adversarial se vieron claramente materializados en el primer juicio de debate realizado en el país bajo el nuevo Código Procesal Penal. La Justicia Federal, a través de sus operadores, estuvo a la altura del desafió que se encomendó al distrito de Salta y Jujuy”, acotó.
"Un cambio de paradigma”
Opinión por Mariana Catalano, presidenta de la Cámara Federal de Salta.
A poco más de tres meses de implementación del Sistema Acusatorio empieza a reflejarse, lógicamente, un mayor número de audiencias y de resolución de causas de flagrancia. Hubo algunos casos de control de acusación y la semana entrante están agendadas otras tantas audiencias del tipo, lo que implica que las causas ya están pasando a la etapa de juicio, lo que antes (en ciertas ocasiones y de acuerdo a la dificultad del caso) podía demorar años.
El pasado jueves 19 tuvo lugar la primera audiencia de juicio, lo que es importante si se tiene en cuenta que se trató de una carpeta judicial iniciada después del 10 de junio, fecha en que empezó a regir el sistema en Salta y Jujuy.
El panorama general, en vista de los números y los resultados, es propicio y creo que va en línea con lo que se espera hoy del sistema de justicia.
El sistema importa un brutal cambio de paradigma, pues de la mano de la oralidad toman cuerpo principios como la celeridad (los tiempos se acortan dramáticamente), concentración (en caso de audiencias multipropósito o con objeto amplio), inmediación (contacto directo con el juez), simplicidad (las resoluciones al ser fundamentadas oralmente tienden a ser más concretas) y desburocratización (no tanto trámite en papel).
También consigue un debate sustantivo, sin chicanas, donde el juez y las propias partes deben procurar centrar la controversia en los hechos relevantes, reduciendo las cuestiones incidentales y arribando a convenciones probatorias sobre lo que no pueden desconocer. Es una nueva cultura de litigación, más honesta y más madura, y ello contribuye también a acortar los tiempos y arribar a soluciones de calidad. Por otro lado, debe procurarse depurar el sistema con salidas alternativas como conciliación, probation y disposición de la acción penal por parte de los fiscales.
Sin embargo, y esto es clave remarcar desde mi rol, el sistema demanda un enorme esfuerzo de los jueces, que en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy (salvo los Tribunales Orales que son sólo penales) tenemos competencia múltiple; lo que significa que además de todas las causas penales del sistema nuevo y viejo (no hay juzgados de transición, como ocurrió, por ejemplo, en la provincia) debemos atender todo un abanico de cuestiones “no penales”. Estas son de diversa índole: civiles, laborales, contencioso administrativas, amparos de salud, amparos por mora, recursos directos de las universidades nacionales de Salta y Jujuy y cuestiones relativas al consumidor, entre otras. Y como si todo esto fuera poco, están los muy numerosos asuntos previsionales que no pueden demorarse porque atañen a un sector vulnerable de la población como son los jubilados y pensionados. Este panorama es sumamente complejo y debe valorase, porque estamos haciendo lo posible y lo imposible por ejecutar un sistema, cuyas ventajas destaco como innegables, pero en condiciones precarias, con muy pocos jueces de garantías: dos por Salta capital, uno en Orán, otro en Tartagal y 2 por Jujuy (6 en total). A ello se suma la vacancia del Juzgado Federal de Jujuy N°2. Entonces, sigue siendo imperioso el nombramiento de nuevos jueces, lo que debió ser una condición sine qua non para el cambio de modelo del proceso penal.
Esta es una consigna pendiente en cuyo reclamo no debemos claudicar, así como tampoco voy a dejar de destacar que los jueces de revisión hemos asumido el control de acusación y todas las impugnaciones que de allí se derivan, lo que en el derecho comparado incumbe a los jueces de garantía, por ser conceptualmente una tarea ajena a la revisión.
Por último, quiero puntualizar que quedan temas para reglamentar y puntos grises que interpretar como en todo nuevo sistema, con la enorme responsabilidad de saber que lo que hagamos, bien o mal, repercutirá en las demás jurisdicciones que nos sucedan en el cronograma gradual de implementación.
“Hay más celeridad y transparencia”
Por Ana Clarisa Galán Muñoz, Defensora pública coordinadora de la Defensoría General de la Nación.
Como Defensa Pública estamos muy contentos y orgullosos de que Salta sea la primera jurisdicción en la que se aplique el nuevo Código Procesal Penal Federal. El modelo acusatorio que nos trae es el sistema procesal que mejor se adecúa al Estado de Derecho. Así lo establece la Constitución Nacional y lo ha dicho en reiteradas oportunidades la Corte Suprema.
Plantea una clara separación de roles, que asegura la imparcialidad del juez. Todas las cuestiones se resuelven en audiencias orales, y contradictorias, dejando de lado la “oscuridad” del sistema escrito y brindando no sólo mucho más celeridad al proceso, sino también transparencia. Esto ayuda también a que el trabajo de los operadores de la justicia (jueces, fiscales y defensores) pueda ser observado, entendido por el justiciable y también por la sociedad en su conjunto.
Las decisiones judiciales surgen de las propuestas que son discutidas por las partes en la audiencia, de la valoración directa de las pruebas que ellas producen, son tomadas por los jueces sin lugar a la delegación y, en consecuencia, son de mayor calidad. Cómo miembros del Ministerio Público de la Defensa, y en función del artículo 120 de la Constitución Nacional y de la ley 27149, tenemos como función principal la defensa y protección de los derechos humanos, como así también garantizar el acceso a la justicia y la asistencia integral de las personas. Es por eso que celebramos la implementación de este nuevo sistema, en tanto nos acerca a una justicia de mayor calidad, celeridad y transparencia. Esperamos poder ser modelo como jurisdicción hacia el resto del país en estos valores tan esenciales para un Estado democrático. (*)
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