En Rosario, la directora de Legales de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Venado Tuerto, en ese entonces Nancy Estela Fontana, gestionaba trámites previsionales a cambio de dinero. Estos, eran abonados una vez que el beneficiario comenzaba a percibir su jubilación.
La Fiscalía General, en su alegato, había requerido una condena a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua como autora penalmente responsable de negociaciones incompatibles en concurso ideal con exacciones ilegales (tres hechos).
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Rosario, la condenó a dos años de prisión de ejecución condicional. Los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Snaider, la encontraron culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública (tres hechos).
El mal actuar de Fontana, salió a la luz cuando Paola Bravo asumió al cargo de jefa de la UDAI de Venado Tuerto. La jefa, tomo conocimiento de esta irregularidad y decidió realizar la denuncia.
En las oficinas de la ANSES correspondientes a Fontana había dos puertas, y en una de ellas atendía a personas particulares, cuando no correspondía, sostuvo durante el juicio la jefa de la UDAI.
En sintonía, manifestó conocer que fontana cobraba, ya que gestionó el trámite de su propia madre, quien le pagó dos haberes.
También declaró una gestora que trabajaba cotidianamente en la repartición, que veía como la imputada atendía en su oficina a personas particulares.
En sus dichos, era de público y notorio conocimiento que si los tramites los hacia Fontana salían en tres meses, cuando se tarda más del doble.
La acusación fiscal, se basó en las declaraciones de cuatro jubilados, quienes reconocieron haber realizado su trámite a través Fontana. Según las declaraciones, los asesoraba en las propias oficinas del Anses o en su casa particular. Además, al finalizar los trámites, exigía el pago de dos o tres haberes.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
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