Los precios de los medicamentos no han dejado de exponer una tendencia alcista desde hace meses. Pero hay períodos de incrementos significativos que orillan lo inalcanzable para los sectores más perjudicados por una crisis económica fenomenal, que ya se extiende desde hace varios años.
No hace falta examinar demasiado el fondo del abismo para concluir que la caída arrastró a millones de jubilados y otros adultos mayores que sobreviven en un sistema previsional que apenas los contiene.
No puede haber ajuste ni escalada inflacionaria que deje prácticamente a la intemperie a los sectores vulnerados de la población, entre ellos aquella franja etaria indefensa y a menudo abandonada a su suerte por el Estado.
En ese contexto, es de una gravedad impensada que pacientes diagnosticados con patologías crónicas tengan que suprimir la medicación porque no pueden abonar costos en aumentos constantes.
No es una mera percepción: muchos farmacéuticos admiten cortes abruptos de la medicina prescripta, a raíz de las dificultades monetarias de los pacientes, lo cual (huelga insistir) coloca al sistema de salud en general en situación de alerta.
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Como informamos días atrás, en lo que va del año los precios de los remedios más utilizados por las personas mayores tuvieron un aumento vertiginoso. No hay argumentos justificables para explicar las razones por las que desde noviembre a esta parte, los medicamentos aumentaron 131%, superando por lejos una inflación que orilló el 90%.
Sin controles de ningún tipo, la capacidad de asombro se supera cuando un paciente se arrima al mostrador de una farmacia y constata que algunos remedios duplicaron su valor en apenas 30 días.
Conforme a un estudio realizado por el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, por el Centro de Economía Política Argentina y por la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, se trata de productos medicinales de uso diario por los adultos mayores.
A quién cargar responsabilidades por esos abusos es una tarea compleja, pero por ahí merodean los inefables formadores de precios que nunca pierden.
Según el informe, la cobertura de la obra social Pami es fundamental para proteger el bolsillo de las personas mayores. Sin embargo, aunque en menor medida, a veces ese beneficio no sintoniza con los precios disparados fuera de toda lógica.
Cumplir con los derechos previsionales de millones de personas es una obligación que ninguno de los últimos gobiernos ha logrado honrar con la idoneidad que el tema merece.
Seguimos anclados en reformas a las leyes de movilidad y en beneficios en formato de bonos, pero lo cierto es que, para la mayoría de quienes sufren desde la llamada clase pasiva, comprar un fármaco de uso continuo se ha vuelto inalcanzable. Una suerte de “lujo” en un entramado social a la deriva.
El derecho universal a la atención sanitaria de la población incluye la accesibilidad a los medicamentos. Un derecho que, no sólo en el caso de las personas mayores, ha sido vulnerado de modo sistemático por un Estado indolente.
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