Los haberes de los jubilados aumentarán en el orden de 27,5% en abril a partir de la publicación del Decreto que oficializó la nueva fórmula de ajuste.
La norma contiene una serie de eslabones legales que deben cumplirse, de allí que su redacción deja abiertos algunos interrogantes.
Pero lo concreto es que desde el Ministerio de Economía confirmaron que las jubilaciones en abril aumentarán 13,2% (inflación de febrero), más un tramo compensatorio de 12,2%, más el bono de $70.000, lo que resulta en un haber mínimo de unos $241.000.
Para los meses siguientes en el bolsillo de los jubilados seguirá impactando esta forma de medir la inflación, o sea, sobre el haber base se suma la inflación.
Pero la norma fue redactada con la obligación legal de mantener la fórmula de movilidad jubilatoria vigente hasta el 1° de julio.
En consecuencia, en los meses de mayo y junio el haber final también será ajustado por la inflación de marzo y abril (lo que se conoce cono t-2) pero la forma de llegar a ese número será la siguiente. Se abonará bajo la forma de “pago a cuenta”, dado que ese porcentaje deberá calcularse en base a la ley aún vigente que es trimestral.
Por ejemplo, si con la ley actual el trimestre (abril, mayo junio) dio un aumento de 17% y la inflación fue de 20%, cobrarán los 3 puntos adicionales.
Dado que en julio ya queda derogada la ley actual, se comienza con el cálculo directo con la inflación de mayo.
Lo que quedará en forma discrecional a cargo del Poder Ejecutivo será el monto de los bonos, que en caso de no actualizarse favorecerán la licuación de los haberes jubilatorios.
El ajuste por inflación hace que no exista ningún mecanismo para que los haberes jubilatorios recuperen el poder adquisitivo perdido.
Un sabor agrio para la UCR
El anuncio de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria por parte del Gobierno generó sensaciones encontradas en el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.
Por un lado, lo sintieron como un reconocimiento del Gobierno a la presión que la oposición venía ejerciendo (en particular el radicalismo y la Coalición Cívica-ARI) en pos de una urgente reforma que atara la actualización de los haberes a la inflación, sin dilaciones.
Sin embargo, otra vez el formato del decreto sin intervención del Congreso y con una compensación insuficiente de los ingresos de los jubilados, de apenas el 12,5%, dejó un sabor agrio en el paladar de los radicales.
En ese sentido, un grupo de referentes del bloque radical en la Cámara de Diputados integrado por su presidente Rodrigo De Loredo, Karina Banfi, Gabriela Brouwer de Koning y Soledad Carrizo iniciaron contactos con representantes de Unión por la Patria, según informa la agencia NA de fuentes de la bancada de la UCR.
El objetivo es sumar voluntades en torno a un dictamen unificado de reforma de la fórmula previsional que contemple una recomposición real de los haberes jubilatorios, corrigiendo las pérdidas de ingresos del primer trimestre.
La idea sería discutir una propuesta y contar los votos en el recinto después de las fiestas de Pascua. Las 99 voluntades de Unión por la Patria, sumadas a las 30 de la UCR, las 23 de Hacemos Coalición Federal y otros potenciales aliados en esta causa como la izquierda y bloques provinciales alcanzarían de sobra para superar el piso de 129 votos necesarios para una media sanción.
El principal obstáculo tiene que ver con que para dictaminar es necesario no solamente el visto bueno de la Comisión de Previsión y Seguridad Social que es conducida por la radical Brouwer de Koning, sino también el aval de Presupuesto y Hacienda.
El problema a la vista es que el presidente de este cuerpo, José Luis Espert, no ha mostrado ninguna predisposición para acoplarse en una dinámica de plenario con Previsión Social.
El economista liberal, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza recientemente, ha manifestado que no va a subordinarse a ninguna agenda que interfiera con la bajada de línea del Poder Ejecutivo.
“Es una diferencia de criterio”, se quejó con sutileza Brouwer de Koning en una entrevista que brindó el lunes por la tarde a Diputados TV.
La única forma de superar este escollo sería pedir una sesión especial que tenga como objetivo emplazar a la Comisión de Presupuesto en un plazo perentorio para que dictamine. Esto permitiría en definitiva convocar a una segunda sesión en el corto plazo para aprobar con mayoría simple el proyecto.
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