Cuando la Defensoría de la Tercera Edad comenzó a hacer las mediciones del valor de la canasta básica de un jubilado, el total era de $2053. En ese momento (año 2010), la jubilación mínima tenía un valor de $1056. Durante todos estos años el monto calculado -que considera entre otros gastos los de alimentos, vivienda, vestimenta, medicamentos, y artículos de farmacia-, nunca alcanzó a cubrirse con el haber mínimo. En algunos casos, como en 2010, alcanzaba para cubrir la mitad de esos gastos. Con los montos actuales, la jubilación mínima apenas alcanza a cubrir el gasto en medicamentos y menos de la tercera parte de las necesidades totales de un jubilado. Si se toma en cuenta el ingreso mínimo sin bonos, los medicamentos se llevan el 80% de ese presupuesto.
El tema se vuelve más relevante en momentos de incertidumbre sobre lo que pueda pasar con el acuerdo entre PAMI y los laboratorios para la provisión de medicamentos gratuitos a los jubilados, un convenio que tiene fecha de vencimiento el 31 de marzo.
Tanto farmacéuticos como laboratorios insisten en la rentabilidad y la eliminación del “precio PAMI”, diferente al resto de los valores de mercado. Por el lado del Gobierno denuncian “una situación crítica” en la obra social, con lo que la incertidumbre se acrecienta y los tiempos apremian. El Director Ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, aseguró que en este momento se trabaja en “garantizar las prestaciones”.
Según el último informe de la Defensoría de la Tercera Edad, un jubilado necesita un ingreso de $687.041 para cubrir sus gastos básicos. Entre medicamentos e insumos de farmacia, el requerimiento mensual es de $154 mil pesos (el 22% del total), cuando la jubilación mínima es de $134 mil. Si se toma únicamente el gasto en medicamentos, el total asciende a $108 mil, mientras que en insumos de farmacia se requieren más de $45 mil.
La canasta tiene en cuenta además rubros como el de alimentos (para los que se necesitan al menos $197 mil, y que una jubilación mínima, sin contar el bono de $70 mil, no alcanza a cubrir), vivienda (con un monto promedio de $117 mil) y transporte (con un requerimiento mensual de $46 mil).
El relevamiento que realiza dos veces por año la Defensoría considera dentro del rubro de medicamentos las necesidades de diferentes patologías y los descuentos de las distintas obras sociales, que oscilan entre el 40% y el 80%.
Desde que se mide el monto destinado a estos bienes esenciales para la salud fue oscilando entre el 16% y el 20% de la canasta, dependiendo del comportamiento tanto de los precios de los medicamentos como de los demás ítems. Lo que sí tuvo una variación mayor fue la proporción de esos medicamentos que cubren los ingresos reales. Mientras en 2010 la canasta de un jubilado era de $2053 y la jubilación mínima de $1056, el gasto en medicamentos (del 20% del total de la canasta, por lo tanto, unos $410) se llevaba el 40% de los ingresos reales. Cinco años después, hacia fines de 2015, la canasta básica estimada por la Defensoría era de $8611, mientras la jubilación mínima era de $4299, por lo que, si se toma en cuenta un gasto en medicamentos del 20% de la canasta ($1722), continuaba siendo el 40% de los ingresos reales. En 2020, el haber mínimo de septiembre pasó a ser de $18.128, y en octubre de ese mismo año la medición de la canasta básica de un jubilado fue de $49.614, por lo que el gasto en medicamentos era cercano al 60% de ese total.
La medición anterior de la Defensoría arrojó que un jubilado necesitó, en octubre de 2023, $313.185 para cubrir sus necesidades básicas. En ese momento el haber mínimo de un jubilado, sin contar el bono, era de $87.459, casi cuatro veces menos de lo necesario para subsistir. Los medicamentos requerían un presupuesto promedio de $46.535, con lo que representaban el 50% de esos ingresos.
A valores actuales, con una jubilación mínima que sin bonos es de $134 mil y un gasto promedio de $108 mil en medicamentos, el 80% de esos ingresos deberían ser destinados a ese rubro.
En este contexto, y desde el otro lado del mostrador, las farmacias y laboratorios insisten con la rentabilidad del acuerdo que rija a partir del 1 de abril. “En esta coyuntura el objetivo es también defender la rentabilidad, que las farmacias tengan sustentabilidad entre sus ingresos y el aumento de gastos y salarios, y mantener un constante diálogo con PAMI por el calendario de pagos”, afirmó a PERFIL Miguel Ángel Lombardo, presidente de la Federación Argentina de la Cámara de Farmacias (Facaf). “La rentabilidad va decreciendo, cosa que vemos con mucha preocupación”, concluyó.
“La realidad es que no hay nada cerrado, se está en plena etapa de negociación y todavía no hay precisiones”, afirmó a este medio Norberto Mañas, titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (Asofar). Sobre cómo funcionaba el sistema, expresó que “fue bastante distorsivo porque existía una diferencia entre un precio de venta al público y otro precio de venta PAMI, eso es lo que generaba distorsiones financieras y económicas a las farmacias, y una pérdida también importante de rentabilidad, por eso muchas farmacias empezaron a no atender la cobertura del 100%. Ojalá este sistema mejore y haya gratuidad para la gente que lo está necesitando, porque como todo sistema donde las cosas son gratis siempre existieron abusos, y algo de eso hubo estos últimos meses”, opinó.
Según el último informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar) los medicamentos aumentaron 110% entre diciembre y febrero, 40% por encima de la inflación general. Por ese motivo, señalaron, se dejaron de comprar más de 10 millones de unidades mensuales.
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