Es lamentable que el Gobierno nacional haya decidido ajustar a los jubilados; más aún teniendo en cuenta que en campaña les había generado expectativas planteando aumentos en los haberes del 20%.
Esto último no sólo no sucedió sino que decidieron suspender la ley de Movilidad que había sido aprobada durante el gobierno de Cambiemos.
Es cierto que existe una deuda histórica con los jubilados que trasciende las últimas gestiones pero durante nuestro gobierno avanzamos mucho con la Reparación Histórica que redujo la judicialización y con el establecimiento de la movilidad automática por ley.
Nuestra Constitución establece que las jubilaciones y pensiones son móviles, es un derecho otorgado en el artículo 14 bis.
Dicho derecho debe estar establecido por ley ya que así lo ha indicado la Corte Suprema de Nación, y hasta tanto discutamos una nueva ley de Movilidad debe regir la actual, evitando la discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo.
Los ajustes por decreto también afectan la capacidad de previsión de los jubilados que se les garantizó con la ley de Movilidad de 2017, con índices que acompañarían la inflación real.
Además, la grave situación que plantea el decreto presidencial está en el plano institucional porque suspender por decreto una ley aprobada por el Congreso es una muestra del desprecio hacia la división de poderes cuando hoy el Parlamento sí está funcionando a pesar de los meses de inactividad con la excusa de la pandemia.
Si bien había un acuerdo con la oposición para la aprobación de leyes referidas de manera exclusiva a la pandemia, el Gobierno nacional decidió no cumplirlo enviando y aprobando proyectos que nada tienen que ver con la Pandemia.
Entonces, si desde el Ejecutivo pueden hacer aprobar el proyecto de teletrabajo o la nueva ley de alquileres, o si pretenden enviar la intervención y expropiación de Vicentin, la pregunta es por qué no pueden enviar la nueva propuesta de fórmula para las jubilaciones.
La respuesta es simple: No lo pueden hacer porque lo que están haciendo es un ajuste y no proponiendo una fórmula superadora.
Una vez más vemos que este gobierno toma una decisión de ajustar contra quienes se han esforzado toda su vida. No sólo a trabajadores sino con empresas que nacieron Pymes como Vicentin.
Lo indican así los números. El último aumento por decreto en junio fue del 6,12% cuando la ley daba el 10,9%, prácticamente el doble.
Así, el Ejecutivo dio aumentos en marzo y junio por decreto en los que perjudicó a los jubilados, y con los que han perdido entre 541 y 14 mil pesos por mes por beneficio dependiendo el segmento de ingresos, quienes para hacer valer si derecho deben judicializar el reclamo.
Con el decreto el Gobierno habrá ahorrado, a costa de los jubilados, 34 mil millones de pesos entre enero y agosto.
Si bien los jubilados de la mínima cobrarían un poco más que con la ley de movilidad ($192 en marzo) contando los bonos que pagaron en los primeros meses del año, a partir del decreto presidencial la jubilación mínima será de 16.864 pesos. Es muy poco, no se acerca al 20 % prometido y no es acumulativo porque los bonos no ingresan en el haber.
En síntesis, el Gobierno nacional ha adoptado una situación de asistencialismo, por ejemplo con el IFE, medida que apoyamos durante la presente emergencia. Lo que no apoyamos es que lo haga a costa de jubilados y Pymes.
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