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Paraná. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley de emergencia solidaria impulsado por el gobernador Gustavo Bordet. Luego de más de cuatro horas de debate en Diputados, el proyecto fue aprobado por el Senado este mismo jueves.

Esta ley establece, por un plazo determinado, un aporte a detraer de los haberes de jubilados y pensionados provinciales a partir de cierto nivel de ingresos con el objeto de acotar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El oficialismo, imperturbable, hizo caso omiso a la movilización organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos frente a la Casa de Gobierno justo cuando se trataba la ley de Emergencia Solidaria en la Cámara de Diputados.

Tampoco retrocedió ante la amenaza de un apagón virtual” hasta el viernes 3 de julio, impulsado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) en repudio a la ley de emergencia pública en materia económica, financiera, sanitaria y fiscal.

En una carta dirigida al gobernador, la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Lilia Santiago, expresa el “profundo pesar por la decisión inconsulta” del Poder Ejecutivo provincial al enviar el Proyecto de Ley Emergencia Pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional, con el fin de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos.

La carta enviada al mandatario provincial formula algunos interrogantes inquietantes: “¿es usted consciente del daño que produce esta decisión al colectivo de los adultos mayores, a los que permanentemente les dicen que están cuidando? ¿Es esta la forma que usted entiende por cuidarlos?”.

Santiago manifiesta que “la historia se encargará de juzgarlo” al mandatario, y anticipa que “es posible que se lo recuerde como el hombre que con sus actos le quitó derechos legítimamente conquistados a los jubilados y pensionados provinciales”.

En otro párrafo, la carta introduce una profunda reflexión: “no es la Caja de Jubilados la responsable de los desfasajes económicos financieros de la provincia. Los problemas son estructurales y abarcan al conjunto de las políticas provinciales y nacionales, que a casi cuarenta años del regreso a la vida democrática de nuestro país, no pudieron o no quisieron encontrar los mecanismos para lograr sustentabilidad del sistema previsional, para reducir la pobreza, para lograr mejor calidad de vida, para hacer de nuestra nación un país libre y democrático”.

Más adelante la vocal Santiago acentúa sus críticas: “la decisión intempestiva e inconsulta de enviar este proyecto de Ley que usted llama de ´solidaridad´, que afecta los derechos de los 55.000 jubilados y pensionados provinciales, es como una cachetada en el rostro para quienes depositaron toda la confianza en su gestión”.

Lilia Santiago, finaliza su carta con indignación y dolor: “el envejecimiento y la vejez, no está en su agenda de prioridades y los adultos mayores al igual que todos los ciudadanos, tenemos el derecho al disfrute de vivir en contextos donde seamos tratados con el mayor de los respetos”. Reclama por los derechos de ese colectivo y advierte que “estará incurriendo en una flagrante violación a los derechos humanos”.

El presidente de la Cámara, Ángel Giano, abrió el debate en la Cámara de Diputados con la explicación del alcance de la norma y su finalidad: “asegurar el normal funcionamiento de la administración pública y hacer frente a la crisis sanitaria inédita, garantizando los servicios esenciales que el Estado tiene que cumplir”. También reconoció: “Claramente tiene también la finalidad de lograr la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones”.

El ponente consideró que la ley aborda “tres aspectos: uno referido al fortalecimiento y sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones a través de aportes o contribuciones del personal en actividad y de pasivos; aportes solidarios que se dan mientras se mantenga la emergencia, que es transitoria, extraordinaria y tiene fines públicos claramente identificables”.

Giano explicó que el aumento impositivo a tres sectores (bancos, mayoristas de medicamentos y producciones agrícolas de más de 1.000 hectáreas) es una norma justa, y explicó que el aporte previsional extraordinario estará destinado exclusivamente para la Caja de Jubilaciones.

El diputado Gustavo Cusinato, líder del bloque radical, reclamó “por la forma intempestiva del tratamiento de la ley que nos dejó sin posibilidad de diálogo con los que son afectados”. Y agregó que en reuniones mantenidas con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, los legisladores opositores plantearon la conformación de un consejo económico y social para debatir posibles medidas para atender la situación financiera y el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones, sin obtener respuesta favorable.

Cusinato, a continuación, amplió su visión crítica: “Esto no es una emergencia, es un plan de ajuste donde el gobernador asume todo el control de los demás poderes del Estado”, postuló. También aludió a que la recaudación de la ley de emergencia representa poco más de 2.200 millones de pesos, mientas que solo el déficit anual previsional ronda los 16.000 millones.

Cuando intervino en el debate la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR en Cambiemos), afirmó categóricamente: “No corresponde que pretendan sacar con esta velocidad, sin discusión, sin consenso, una norma de extraordinaria importancia para la provincia. No entiendo el por qué”.

Al radical Eduardo Solari le correspondió cerrar la participación en el debate de los legisladores opositores, momento en que señaló la “responsabilidad de Bordet”, ya que gobierna la provincia desde hace 54 meses.

Por parte del oficialismo, el cierre quedó a cargo de Julio Solanas, ex intendente de Paraná, quien manifestó: “Los que vamos a acompañar esta ley no nos sentimos en falta. Al contrario, es una ley que pretende poner en relieve lo que estamos viviendo los entrerrianos, de procurar ser solidarios, de que sea el arranque para un tiempo diferente después de la pandemia”.

Através de una declaración pública, el diputado provincial Julián Maneiro –UCR. Juntos por el Cambio- apuntó contra “el ajuste exprés” que impulsó Bordet, porque refleja el más rotundo fracaso del método de gobernar que desde hace 16 años se sostiene en la Provincia y considera al Estado como un apéndice del partido de gobierno (el P.J.), y no como la principal herramienta de desarrollo al servicio del conjunto de los entrerrianos”.

Y agregó: “No es el COVID-19 responsable de la situación de quebranto del gobierno provincial, la provincia estaba fundida mucho antes de la pandemia, reconocido por el propio gobernador a principios de año cuando planteó una situación «difícil». Sin embargo, se ha hecho y se sigue haciendo todo lo contrario a una reforma estructural y la promoción de la actividad privada: se asfixia a la producción entrerriana para sostener y aumentar un gasto público improductivo, ineficiente e ineficaz”.

Maneiro enfatizó que … “El gobierno debe hacerse cargo de su propia obra: un Estado Provincial quebrado y con un gasto insostenible; y frente a ello no tiene otra idea que el camino de los atajos y parches, para evitar hacer frente a la verdadera causa de la crisis que no es otra que el concepto del Estado al servicio de los dirigentes del P.J. y no de todos los ciudadanos de Entre Ríos; buscando culpables en cualquier lado menos en ellos mismos. Nada dicen de la corrupción estructural y las causas judiciales pendientes”.

El legislador radical recalcó que “Ampararse en el momento de crisis sanitaria y apelar a una «supuesta solidaridad» para subir impuestos a trabajadores, jubilados y productores es el resumen de la situación a la que nos han llevado. Hemos dejado de ser una provincia viable y con herramientas sólidas para el desarrollo económico y social, para pasar a ser una similar a aquellas provincias feudales gobernadas por el P.J., caracterizadas por el atraso, el debilitamiento del sector privado de la economía, la falta de infraestructura y con un grupo de privilegiados formando parte del círculo del gobierno”.