Según una publicación oficial del Ministerio de Economía, la seguridad social insumirá este año el 61,9% del presupuesto nacional. Es ahora, como siempre, la principal erogación del Estado, y por eso suele ser el objetivo de los programas de reducción del gasto público.
Para bajar estos desembolsos, el gobierno de Mauricio Macri logró en diciembre de 2017 la aprobación de la ley 27426, que modificó el método de actualización de los beneficios sociales de la ley 26417, promulgada el 15/10/2008.
Esta ley había establecido un cálculo de la actualización que hacía que los aumentos fueran algo superiores a la inflación, con lo cual estos haberes habían acumulado para entonces cierta ganancia en términos reales. La ley de 2017 tuvo por objeto reducir el costo de la seguridad social, para lo cual estableció un ajuste basado en un 70% en la inflación del período concluido 6 meses antes, y en un 30% en el RIPTE, que es algo así como el promedio de los salarios de los trabajadores registrados.
De esta manera, el 70% del ajuste ya no superaría a la inflación, y el 30% restante se esperaba que fuera inferior, porque claramente ese gobierno no buscaba el aumento del salario real, sino todo lo contrario. Además, postergaba la actualización, que antes se basaba en los aumentos de un período terminado 3 meses antes, y ahora, 6.
Pero en el marco del descalabro económico que comenzó poco después, esta fórmula terminó garantizando que los haberes previsionales recuperaran, si bien con 6 meses de demora, al menos una parte sustancial de la inflación, que se disparó a más del 50% anual. Así, si el aumento de precios del primer semestre de 2020 fuera inferior al del semestre anterior, los haberes recuperarían parte de lo perdido antes. Y si fuera igual, ya no perderían más, porque aumentarían al mismo ritmo que hoy lo hacen los precios.
De manera que, si la ley de Macri siguiera aplicándose, los haberes previsionales se incrementarían en un 23,7% entre diciembre 2019 y junio 2020, llevando la jubilación mínima para junio a $ 17.403.
Pero el actual gobierno suspendió esta ley, para definir los ajustes de marzo y junio por sendos decretos, que aumentarán la jubilación mínima en un 19,9%, llevándola a $ 16.864 para junio, es decir, 539 pesos menos que lo que hubiera correspondido con la ley suspendida. En el caso de las jubilaciones superiores a la mínima, la pérdida es todavía mayor, porque el aumento de marzo incluyó una suma fija de $ 1500, que hizo que todos los que en febrero ganaran más de $ 16.200 recibieran un aumento menor al que les hubiera correspondido con la ley de Macri.
El decreto anunciado ahora consolida la baja para todas las jubilaciones, haciendo que la mínima debiera aumentar 3,2% para alcanzar a la ley de Macri, y una jubilación de $ 30.000 de febrero pasado, también baja, requiera 8,6% para igualar a dicha ley; y así más, cuanto más alto fuera el monto del haber. Estamos hablando de atrasos considerables, aún para beneficios modestos.
Pero lo peor del anuncio es la forma: se lo pretende presentar como que los jubilados le van a ganar a la inflación, porque se lo compara con la estimada para el primer semestre de este año, diciendo que el aumento es 5,1% mayor. Lo cual es falaz, porque parte de un supuesto de inflación que no se sabe si va a cumplirse, e ignora que el aumento de los alimentos es mucho más alto que la suba general de los precios; y sobre todo, cancela la posibilidad de recuperar parte de la pérdida que generó la reforma anterior y la desastrosa política económica y social del gobierno que caducó en diciembre pasado.
Este es un viejo argumento: cuando se produce un salto inflacionario, empiezan a decir que los sueldos –y jubilaciones- tienen que aumentar, no ya según la inflación pasada, sino conforme a la inflación futura, que siempre subestiman. De ese modo, se consolida el retroceso de la participación de los trabajadores, activos y pasivos, en el ingreso nacional. Si este gobierno no tiene ese sesgo, porque no lo tiene, debiera demostrarlo en los hechos.
No obstante, es preciso acotar que, entre diciembre y abril, los que percibían una sola jubilación mínima cobraron bonos por única vez que totalizaron $ 13.000; y que además se les vuelven a entregar medicamentos gratis, y que obtienen algunos beneficios crediticios. Pero lo cierto es que el haber que van a cobrar, de ahora en más, consolida una rebaja respecto de la ley de 2017.
Podría alegarse que este es un momento excepcional, que todos tenemos que hacer un esfuerzo para sufragar el déficit provocado por la pandemia, y que hasta jubilados que ganan hoy la mínima tienen que contribuir con el retraso de sus haberes. Pero lo que no se puede hacer es presentar un retroceso como si fuera un avance.
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