En el encuentro virtual, que fue presidido por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el Gobierno informó su intención de que se prorrogue la facultad que hoy tiene por ley para otorgar los próximos aumentos jubilatorios por la vía de decretos, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional. En este contexto, Rigo aseguró que “una nueva fórmula de movilidad debe tener como propósito la estabilidad de los haberes previsionales en el tiempo, así como ser consistente con el objetivo de recuperar la sostenibilidad fiscal del Estado Nacional”.
Los funcionarios de Economía precisaron que las prestaciones previsionales representaron un 46,3% del gasto primario nacional y un 8,6% del PIB en el año 2019. Además explicaron que el menor nivel de actividad económica por el aislamiento social y las políticas de compensación dispuestas por el Estado repercuten profundamente en la recaudación tributaria (y en forma especial en los recursos de la seguridad social), pero también en los índices salariales e, incluso, en los índices de precios. Por ese motivo, los funcionarios consideraron que “no es factible” aplicar en el segundo semestre una nueva fórmula de movilidad, como estaba previsto antes de la crisis del coronavirus. "Esta situación también aplica a la fórmula suspendida (aprobada en 2017 por impulso de Mauricio Macri), la cual además tiene un comportamiento procíclico y con rezago que genera una pérdida importante en el haber de los jubilados antes aumentos de la inflación, como fue 2018 y 2019, y, a la vez, produce un costo fiscal muy alto ante un proceso de desinflación, haciendo insostenible la dinámica fiscal”, argumentó Arias.
En tanto, la directora de la Anses, Fernanda Raverta, aseguró que "ningún jubilado" verá afectado su poder adquisitivo, pero contradijo a los funcionarios del ministerio de Martín Guzmán al asegurar que el Gobierno trabaja para poner en marcha una nueva fórmula de movilidad que podría estar vigente en "el próximo trimestre". La titular del organismo detalló que "la idea es que entre el aumento anterior y éste los jubilados van a recibir cerca del 20%, por lo tanto el 5,5% que queda de diferencia es lo que les permite ganarle al aumento de precios". La funcionaria dijo que al aumento directo que recibirán en sus haberes los jubilados habría que contemplar además los "bonos de $5 mil que les dieron en dos oportunidades, más el de $3 mil en abril, a lo que hay que sumarle el hecho de tener otra vez los medicamentos sin costo y el congelamiento de tarifas".
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advirtió con el nuevo aumento jubilatorio por decreto, "desde el punto de vista fiscal, el Gobierno reduce el gasto en prestaciones
sociales, pero también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por ley". "Para el fisco, el ahorro total neto de bonos (dos de $5000 en diciembre y enero, y dos de $3000 en marzo y abril) entre enero y agosto, sería de $34.000 millones (0,11% del PIB). A ese monto se le debe restar los posibles bonos discrecionales a jubilados que se otorguen desde el 18 de mayo hasta el cobro del próximo haber actualizado, que sería en septiembre 2020. Un ejercicio simple, suponiendo que los bonos se siguen otorgando para los que cobren la jubilación mínima, permite otorgar cuatro bonos mensuales (mayo, junio, julio y agosto) de $3.000 a cada jubilado que cobre la mínima o menos (2,8 millones de jubilados). Estos cuatro bonos consumirían el ahorro potencial que generaría el Gobierno suspendiendo la fórmula de movilidad", advierte el Iaraf, que dirige Nadín Argañaraz, que fue asesor fiscal de Alfonso Prat-Gay en el Ministerio de Hacienda en 2016 en el gobierno de Macri. Lo curioso es que también Rigo formaba parte de ese equipo, como subsecretario de Presupuesto, cargo que ejerció ejerció de 2002 a 2017, más allá de los cambios de gobierno, de Eduardo Duhalde al kichnerismo y Cambiemos.
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